Al parecer, después de un año, el Ministerio Público no tiene pruebas para debatir en el juicio de los altos cargos de la Policía del estado Bolívar, detenidos por la operación Mano de Hierro el día 31 de enero del 2022, y después de varios días presentados ante el tribunal por supuesta mala praxis policial.
Fuente confiable supone que todo se trató de un falso positivo para llamar la atención de la opinión pública.
Luego que el fiscal cuarto contra la corrupción del Ministerio Público, abogado Jesús Campos, acompañado del auxiliar, Manuel Martínez, imputaron por este caso a 18 funcionarios de la PEB, tomando como bandera una delación, los procesados siguen esperando por un juicio justo.
El caso se inicia con una delación realizada en un organismo de investigación del Estado y no en la sede de los tribunales como lo establece la ley, con una persona que no estaba imputada, sino días después de que el juez quinto de control autorizó tal delación, es cuando adquiere ese estatus, violando de esta manera la normativa legal establecida que aclara cual es el protocolo para esta actividad jurídica, violentando el debido proceso, apuntó la fuente.
La fuente consultada calificó como una aberración judicial las detenciones de estas personas, quienes antes de ser condenados o declarados inocentes fueron expulsados de la Policía del estado Bolívar.
Dice el experto que el fiscal del Ministerio Público que dirige las investigaciones tendrá que demostrar con pruebas en manos en el juicio oral y público que son ciertas las acusaciones en contra de los altos oficiales de la PEB.
Trascendió de manera extraoficial que en referido caso hubo un exceso para mantener a personas inocentes detrás de las rejas.
Los imputados esperan por un juicio justo, ya que genera suspicacia este retardo procesal, dice la fuente; además, piensa que el cual está plagado de vicios, omisiones y arbitrariedades.
Después de ser presuntos victimarios, se convierten en víctimas del aparataje judicial tanto del ministerio público como de la parte del tribunal generando un retardo procesal que viola sus derechos consagrados en la Constitución Nacional Bolivariana de Venezuela y violación de DDHH. asegura la fuente judicial.
Confiensa que otra de las irregulares que existe, es que la misma juez que conoció de la referida causa en control, posteriormente pasó como juez de juicio, y existen denuncias sobre ella, por lo tanto sigue a la espera que magistrados respondan a las partes afectadas.
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