Las denuncias contra los tres hijos del presidente de Bolivia, Luis Arce, relacionadas con polémicos accesos a créditos y supuestas negociaciones con los proyectos de litio, han tendido una sombra sobre la candidatura del oficialismo, que está por debajo del 3 % según las últimas encuestas.
Las acusaciones contra los hijos del presidente «han afectado la imagen del Gobierno y del presidente, en particular, y se han reflejado sobre todo en la candidatura que tiene el Gobierno», expresó a EFE Teresa Morales, exministra durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).
La candidatura del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), del exministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, no sobrepasa el 3 % en la preferencia electoral, algo que, de plasmarse en los comicios del próximo 17 de agosto, significaría la desaparición del partido gubernamental.
En una entrevista con EFE, Del Castillo señaló que la gente «ha sabido marcar la cancha» para diferenciar las denuncias contra los hijos del presidente Luis Arce y su candidatura, por lo que consideró que no es algo que afecte su aspiración presidencial.
El caso que más llamó la atención se conoció hace un par de meses a través de la plataforma periodística ‘Conectas’ y relaciona al hijo del mandatario Rafael Ernesto Arce Mosqueira con la compra de un terreno de más de 2.100 hectáreas por 3,3 millones de dólares en 2021, cuando él tenía 25 años.
La propiedad está destinada a la producción de maíz y soya en el departamento oriental de Santa Cruz, la mayor región y motor económico del país, además se denunció que dicha actividad no respetó la pausa ambiental dictada por el Gobierno en 2024.
Poco después se supo que dicha transacción no fue la única, puesto que Rafael Ernesto, junto a su hermana Camila Arce Mosqueira, de 20 años, consiguieron préstamos por 9,1 millones de dólares, realizados en seis transacciones de una misma entidad bancaria en octubre de 2021.
«Ningún crédito puede darse ni siquiera a un empresario ya establecido con mayor edad sin garantías. Las garantías tendrían que haber estado en mesa», apuntó Teresa Morales, quien también fue directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) ente 2018 y 2019.
Teresa Morales señaló que correspondía que el banco emita un reporte de «operaciones sospechosas» a la UIF y que ésta última entidad remita la información a la Fiscalía para que se inicie una investigación contra ambos.
Esta semana, el proceso contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira fue reabierto por el Ministerio Público, pese a que la denuncia se presentó el 18 de mayo de 2024, luego admitida por la Fiscalía el 20 de ese mismo mes. Sin embargo, 25 días después se decidió cerrar el caso.
A finales de junio, Arce declaró a un medio local que su hijo accedió a los créditos gracias a las características del proyecto que presentó, además de que «todo está justificado» ante la entidad financiera.
Unos días después, el presidente señaló en una rueda de prensa que las denuncias contra sus hijos «tienen que ventilarse en los lugares que corresponde» y que ellos, como mayores de edad, «tendrán su defensa en cualquier instancia legal que sea necesaria».
Esas fueron las dos únicas ocasiones en las que Arce se refirió a las acusaciones contra sus hijos, pese a que algunas denuncias se hicieron públicas a principios de 2023.
A esto se suma el caso del hijo mayor del presidente, Luis Marcelo Arce Mosqueira, quien fue acusado por el diputado Héctor Arce, del bloque de Evo Morales, por fungir como intermediario entre el Estado y las empresas que se disputaban los proyectos de litio sin ser funcionario público, en base a una grabación que publicó.
La denuncia por este caso se admitió en la Fiscalía en octubre de 2023, pero en abril de 2024 fue rechazada debido a que el audio no podía considerarse una prueba y que Luis Marcelo Arce Mosqueira no era parte de la estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB).
Consultada sobre estos casos, la viceministra de Comunicación Gabriela Alcón expresó a EFE que los hijos del presidente «se van a defender y responderán ante las investigaciones en las instancias (judiciales) que correspondan».
También consideró que no inciden en la candidatura oficialista de Del Castillo ni afectan sus propuestas.
Por su parte, el analista Marcelo Arequipa, quien también está ligado al Ejecutivo de Arce, afirmó que este caso «ha afectado la imagen del presidente» como primera autoridad del Estado y probablemente como «político».
También consideró que el silencio de Arce durante este tiempo fue un «error», ya que desde el primer momento en que se tocó el tema de sus hijos, en febrero de 2023, debió ofrecer una respuesta «corta, breve y contundente» que despeje las dudas.
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