La educación pública en Venezuela está en «emergencia» debido, entre otras razones, a la escasez de docentes, según el gremio, una situación que el Gobierno intenta resolver con varios programas, entre los que destaca un llamado a jubilados a reincorporarse y varias ofertas que buscan convencer a los maestros que dejaron las aulas por los bajos salarios.
Según estimaciones de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), también difundidas por la Federación Venezolana de Maestros (FVM), se necesitan cerca de 250.000 docentes para cubrir las aulas de educación inicial, primaria y secundaria que quedaron sin instructores en la última década, cuando el país atravesó una profunda crisis económica.
Por ello, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, promete ayudas a los docentes y les pide, «por amor a la vocación», que vuelvan a enseñar a los millones de niños y adolescentes que llevan años recibiendo una educación incompleta, afectada también por la falta de agua, alimentos y luz en las escuelas y por el costo del transporte.
Oferta «burlesca»
Para la secretaria general de la FVM, Leila Escobar, las promesas del Ejecutivo son una oferta «burlesca», sobre todo la referida a créditos para los maestros, pues -recuerda- el salario de este colectivo se ubica en menos de 30 dólares mensuales, más allá de que reciban otros 130 dólares en bonificaciones.
Entonces, explicó, cualquier crédito consumirá por completo sus ingresos a la hora de hacer el primer pago, por lo que esa oferta -considera- no convencerá para volver a las aulas a los docentes que están hoy «arreglando cabello, pintando uñas, haciendo tortas, haciendo arepas, limpiando casas, cuidando viejitos» o en cualquier tarea que les genere mejor remuneración que la enseñanza.
Destaca que los protagonistas del «hecho educativo» son los docentes y los alumnos, por lo que los programas deben ir enfocados a atender las necesidades de ambos, así como de las escuelas, cuyo total nacional presenta fallos o deterioro de la infraestructura y falta de materiales de trabajo.
Aunque el pasado 30 de septiembre, a propósito del inicio del año escolar, el Gobierno informó de reparaciones en 8.000 instituciones educativas, la FVM subraya que hay más de 20.000 que no las atendieron las autoridades y que presentan «las mismas carencias o peores».
«Si vemos todos esos multifactores que no están atendidos, no podemos hablar de calidad educativa», remarcó.
Sobre el llamado a los jubilados, Escobar estima que hay unos 200.000 maestros en esta condición, una cantidad que serviría para solventar la demanda actual «si hubiese una real política salarial», que sea lo suficientemente rentable como para que estos vuelvan a las aulas.
Medidas de «emergencia»
Las resoluciones anunciadas por el Ministerio de Educación son medidas de emergencia, propias de la situación que vive el sector, o así lo ve Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la UCAB.
El profesor recuerda que el Estado debe garantizar los niveles obligatorios de formación a millones de niños y adolescentes, una tarea que se cumple a trozos, pues los alumnos están pasando de un año escolar a otro sin recibir clases sobre asignaturas específicas, algo que se nota especialmente en el bachillerato, donde escasean los docentes de ciencias exactas y sociales.
Sobre la decisión del Gobierno de devolver a las aulas a todos los docentes del sector público que estaban desempeñando otras tareas, Calatrava cree que se trata de una acción correcta, tomando en cuenta el panorama, pero insiste en que «no debería ser la única medida ni debería ser la medida estrella».
En cambio, aclara, es necesario «que nuevamente las escuelas de educación (en las que las universidades forman a los futuros profesores) estén atestadas de gente» y no desérticas como han estado en el último quinquenio, según los registros de la UCAB y la FVM.
Solo en la UCAB, se graduaron unos 40 jóvenes como nuevos docentes en 2023.
Este número, que según Calatrava representa el 1 % del total nacional, sugiere que, en el mejor de los casos, Venezuela ganó 4.000 nuevos profesores el año pasado, un ritmo que tardaría 60 años en suplir las vacantes existentes.
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