Un escándalo sin precedentes sacude a Colombia tras la divulgación de chats, correos y archivos digitales que evidencian un alto grado de infiltración de las disidencias de las FARC, lideradas por alias Calarcá, en importantes instituciones de seguridad del Estado.
La investigación periodística, difundida por Noticias Caracol, revela que altos mandos del Ejército, incluyendo al general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal, y funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) están implicados en una red de colaboración con grupos armados ilegales.
Los documentos, incautados en un operativo militar en julio de 2024 en el departamento de Antioquia, ilustran un pacto de no agresión, filtración de información clasificada y potencial financiamiento ilegal a la campaña presidencial de 2022, involucrando incluso a la vicepresidenta Francia Márquez.
La filtración provocó una crisis de credibilidad sobre las instituciones militares y de inteligencia, generando fuertes críticas y llamados a una profunda depuración y control político por parte del Congreso.
Mientras tanto, los presuntos implicados, como el general Huertas, niegan rotundamente cualquier relación con los grupos armados, enfrentándose a una investigación abierta por la Fiscalía para esclarecer los hechos.
Este caso podría manifestar uno de los mayores quiebres de seguridad y confianza en Colombia en los últimos años, con consecuencias profundas en la estabilidad política y la seguridad nacional.
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