EFE
Lima.- El expresidente de Perú Pedro Pablo Kucyznski, de 80 años, es el segundo exgobernante peruano, después de Ollanta Humala, en ser recluido en prisión a raíz de sus presuntos vínculos con la red de corrupción creada por la empresa brasileña Odebrecht en el país.
Kuczynski fue trasladado este miércoles desde su casa, en el distrito de San Isidro, hasta la sede del Instituto de Medicina Legal en Lima por miembros de la Policía Nacional de Perú, en cumplimiento a una orden judicial pedida por el fiscal José Domingo Pérez por los delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos.
Posteriormente a su revisión médica, Kucyznski fue conducido a la Prefectura de la Policía Nacional, donde deberá cumplir los 10 días de detención preliminar.
La orden de detención dictada por el juez Jorge Luis Chávez incluye la captura de su exsecretaria Gloria Kisic y de su chofer José Luis Bernaola, además de los allanamientos de sus casas y oficinas en búsqueda de documentación que contribuya a la investigación.
El fiscal Pérez investiga la gran trama de sobornos diseñada por Odebrecht para hacerse de millonarias obras de infraestructura durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
Humala fue detenido preventivamente con su esposa y luego liberado mientras son investigados por presunto lavado de activos, en tanto que Toledo es prófugo de la justicia en Estados Unidos por este mismo caso.
Las investigaciones contra Kuczynski se refieren a su supuesta participación, como primer ministro y titular de Economía en el Gobierno de Toledo, en los contratos de concesión para la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica y en el proyecto de irrigación Olmos, por los que se presume hubo sobornos.
Las sospechas de la Fiscalía contra el exmandatario se dirigen a las transferencias de dinero de empresas de Odebrecht a firmas de asesoría financiera de Kuczynski, durante y después de su paso por el Gobierno de Toledo.
Mientras era trasladado a las oficinas de la Policía, Kuczynski publicó en su cuenta de Twitter que es «un momento muy duro para mí pero lo afrontaré con la entereza de quien solo tuvo el anhelo de tener un mejor país».
«Es una arbitrariedad. He colaborado absolutamente con todas las investigaciones y asistido puntualmente a todas las citaciones de las autoridades judiciales», anotó.
«Nunca rehuí de la justicia», remarcó el exgobernante, que fue elegido a la Presidencia de Perú en 2016 y renunció en 2018 por sus vínculos con Odebrecht.
Su defensa ha anunciado que apelará la medida porque el exmandatario siempre ha colaborado con las investigaciones de la Fiscalía y aceptó el impedimento de salida del país.
La sorpresiva detención de Kuczynski generó una serie de críticas de distintos sectores políticos, incluidos el partido Aprista del expresidente Alan García y la fujimorista Fuerza Popular de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, también detenida por aportes irregulares de Odebrecht a sus campañas.
El legislador del partido Aprista, Javier Velásquez Quesquén, calificó de «exagerada y muy extraña» la orden de detención.
«En el Perú se está haciendo de la justicia un espectáculo. Se está invirtiendo la regla. Te detengo para investigarte y no te investigo para después detenerte y condenarte», expresó Velásquez.
A su vez, el portavoz del partido fujimorista Fuerza Popular, Carlos Tubino, comentó que «todo lo que tuvo que pasar Keiko Fujimori es un drama y eso es lo que va a tener que pasar desgraciadamente Pedro Pablo Kuczynski».
El legislador Víctor Andrés García Belaúnde, del partido Acción Popular, dijo que el allanamiento dictado contra la casa de Kuczynski es «una exageración» y que si no encontraron nada que lo incrimine antes, «difícilmente lo hagan ahora».
Por su parte, el legislador Juan Sheput, que renunció al partido de Kuczynski para formar la bancada Concertación Parlamentaria, calificó la detención del expresidente como una «barbaridad jurídica».
Sheput y su colega Gilbert Violeta demandaron al Gobierno de Martín Vizcarra que se pronuncie por la legalidad de la detención de su antecesor.
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