Buenos Aires.- El Gobierno argentino acatará la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema de Justicia (CJSN) que obliga al Ejecutivo nacional a restituir fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anunció este lunes el presidente del país, Alberto Fernández.
«Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la CSJN y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer», aseguró el mandatario en un extenso hilo de Twitter.
El pasado miércoles, la Corte Suprema dictó por unanimidad una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a restituir a Buenos Aires el 2,95 % de los fondos de la denominada coparticipación federal frente al 2,32 % actual, por lo que la ciudad debe recibir 180.000 millones de pesos (997 millones de dólares) adicionales a los que ya percibe.
La controversia se originó en 2020, cuando el Gobierno de Fernández recortó los fondos que debe girar a la capital, un estado autónomo como las provincias argentinas, en concepto de distribución de los impuestos que el Fisco recauda y que deben ser repartidos entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires.
Tras recibir la notificación formal de esta resolución judicial, el presidente instruyó a la Jefatura de Gabinete de Ministros para transferir a una cuenta del Banco Nación los «únicos recursos disponibles» para cumplir con la cautelar: una serie de bonos del Tesoro de los que podrá disponer el Gobierno porteño durante los próximos tres meses.
«Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes», advirtió Fernández, recordando que estos bonos ya fueron aceptados por la Corte Suprema en el pago de la deuda del Estado Nacional con la provincia de Santa Fe.
El presidente también instruyó al Ministerio de Economía para enviar al Congreso un proyecto de ley que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para cumplir este mandato judicial, siempre y cuando salvaguarde el sistema judicial vigente, no afecte a los derechos del resto de provincias y compense las pérdidas derivadas de esta cautelar.
UNA RESOLUCIÓN «VICIADA»
El jefe de Estado aprovechó este hilo de Twitter para reiterar sus críticas a la Corte Suprema de Justicia, asegurando que su resolución «carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial» y que, por lo tanto, «está viciada».
«El actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la CSJN, actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento», aseveró Fernández, refiriéndose al escaso margen fiscal con el que cuenta actualmente Argentina, país inmerso en serios desequilibrios macroeconómicos.
Ante esta decisión que, en opinión del presidente, «viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente», Fernández instruyó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para solicitar la revocación de esta medida cautelar, algo que se suma a la recusación de los miembros del máximo tribunal.
«He ordenado recusar a los jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudiciando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas», puntualizó el jefe de Estado.
La cautelar impuesta por la Corte Suprema desató un cruce de acusaciones entre el oficialismo y la oposición, encabezada, entre otras figuras, por el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien el pasado viernes había anticipado que denunciaría penalmente al Ejecutivo en caso de no acatar esta medida.
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