Asunción.- El ministro del Interior de Paraguay, Euclides Acevedo, justificó este lunes como un «prudente silencio» el perfil bajo que mantiene el Ejecutivo ante el secuestro del exvicepresidente Óscar Denis, de 74 años, y de un trabajador de su estancia ganadera por parte del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el norte del país.
El pasado viernes, dos días después del secuestro, el EPP dio un plazo de ocho días a la familia de Denis para que repartiera alimentos y pertrechos por valor de dos millones de dólares en 40 comunidades campesinas como condición para entregarlo con vida.
«El prudente silencio del Gobierno ha sido el resultado de un acuerdo estratégico con las fuerzas de seguridad del Estado y las familias de los secuestrados», expresó Acevedo a los medios, tras una reunión con el presidente, Mario Abdo Benítez, en el Palacio de Gobierno.
Acevedo recordó también que el Ejecutivo aumentó «el despliegue de las fuerzas combinadas (policía y militares) en el norte» para seguir con las tareas de búsqueda y rescate de Denis y Mendoza, el indígena de 21 años empleado en la estancia del exvicepresidente.
«La orden presidencial es priorizar el rescate con vida de los secuestrados», agregó el ministro.
LOS PLAZOS DEL GOBIERNO
Entre las condiciones para liberar a Denis, que fueron leídas por su familia el viernes, está la dirigida al Gobierno de excarcelar a Carmen Villalba y Alcides Oviedo, considerados líderes históricos del EPP y que cumplen largas condenas en prisión.
El plazo marcado por el EPP para esa excarcelación finalizó la noche de este domingo.
Al respecto, Acevedo declaró que se trata de «un pedido de cumplimiento imposible».
«Los plazos que vengan de manera exógena, al Gobierno no le van ni le vienen. El Gobierno tiene sus propios plazos y su propio calendario de acción. La ley y la Constitución no nos permite otra cosa más que el ejercicio coercitivo del poder conforme a las leyes y eso no se puede discutir», zanjó Acevedo.
COOPERACIÓN INDÍGENA-FTC
La familia de Mendoza anunció durante el fin de semana que se adentrarían en el monte, junto a miembros de la comunidad indígena, para localizar a los secuestrados ante lo que consideraron falta de acción por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el combinado de militares y policía que combate a la guerrilla.
Sobre ese punto, el ministro aseguró que existe cooperación entre los indígenas y la FTC, y que incluso el padre de Mendoza está acompañando los recorridos en helicóptero para dar con los secuestrados.
«En el imaginario de mucha gente está que hay una suerte de descoordinación entre los indígenas y la FTC. Nada más lejos de la verdad, al contrario. En este momento, tanto los indígenas como la FTC están trabajando juntos», aclaró.
CANAL DE COMUNICACIÓN
También este lunes, Beatriz Denis, hija del exvicepresidente secuestrado, volvió a pedir un «canal de comunicación» con los secuestradores «para poder hablar o negociar».
Asimismo les reiteró que faciliten una prueba de vida de su padre e incidió en la disposición mostrada por la familia para cumplir las condiciones del EPP en cuanto al reparto de alimentos.
«Estamos cumpliendo con los pedidos que ustedes solicitaron y lo seguiremos haciendo», añadió en un mensaje a los medios.
Las hijas y allegados de Denis distribuyeron este domingo bolsas de alimentos en la comunidad de Arroyito, en el departamento de Concepción, como primera parte del reparto exigido por el EPP.
En su comunicado, el EPP amenazó con dar muerte a Denis de no cumplirse esa distribución en 40 comunidades del norte, con cargamentos por valor de 50.000 dólares para cada uno de esos asentamientos.
Denis fue además de vicepresidente de Paraguay, entre 2012 y 2013, gobernador de Concepción, senador, diputado y titular del Partido Liberal, el mayor de la oposición
Se trata de la figura con mayor nivel político secuestrado por el EPP, fundado en 2008 bajo postulados marxistas y al que se le atribuyen una cincuentena de muertes.
El secuestro se produjo tras abandonar su estancia en un vehículo junto a Mendoza, en un área entre el departamento de Amambay y Concepción.
Y una semana después de un cuestionado operativo en el que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) dio muerte a dos niñas de 11 años, que el Gobierno asegura estaban armadas y que eras hijas de los líderes del EPP.
EFE
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