El reconocido cantante español Julio Iglesias, de 82 años, se encuentra en el centro de una tormenta legal tras las graves acusaciones presentadas por dos antiguas empleadas.
Según informó la revista ¡Hola!, el artista y su equipo jurídico ya trabajan en una estrategia de defensa para responder a las denuncias de agresión sexual, acoso y trata de seres humanos con fines de trabajo forzado.
El origen de las denuncias
La controversia estalló tras una investigación periodística conjunta entre Univision y elDiario.es. Los testimonios pertenecen a una exasistente del servicio doméstico y una exfisioterapeuta, identificadas bajo los nombres ficticios de Laura y Rebeca.
Ambas denuncian que el cantante las violentó de múltiples formas (sexual, psicológica, física y económica) mientras trabajaban en sus residencias de República Dominicana y Bahamas durante 2021.
Un entorno de control y servidumbre
De acuerdo con las organizaciones Women’s Link y Amnistía Internacional, las denunciantes describen un entorno de trabajo extremo. El reporte indica que Iglesias habría ejercido un control estricto sobre sus vidas, prohibiéndoles salir de las propiedades, revisando sus teléfonos móviles con regularidad y exigiéndoles jornadas de hasta 16 horas diarias sin contrato ni días de descanso.
Estas condiciones han llevado a las ONG a calificar los hechos no solo como delitos sexuales, sino como una posible situación de esclavitud moderna.
La respuesta del artista
Aunque el intérprete de ‘Soy un truhán, soy un señor’ no ha emitido un comunicado oficial, la revista ¡Hola! confirma que conversó por teléfono con él.
En dicho intercambio, Julio Iglesias habría manifestado que «la verdad saldrá a relucir» y que su intención es aclarar cada punto para que no queden dudas sobre su integridad. Desde su entorno privado, las acusaciones han sido negadas rotundamente.
El proceso judicial en España
A pesar de que los presuntos abusos ocurrieron fuera de territorio europeo, los denunciantes interpusieron la demanda ante la fiscalía española el pasado 5 de enero.
La abogada Gema Fernández, de Women’s Link, señaló que la legislación de España ofrece una vía efectiva para el acceso a la justicia en estos casos.
Actualmente, el Ministerio Fiscal dispone de un plazo de seis meses, prorrogables, para determinar si existen pruebas suficientes para elevar el caso a los tribunales o desestimarlo.
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