Las manifestaciones y bloqueos de carreteras en Guatemala se mantienen vigentes este viernes por quinto día consecutivo en más de 30 puntos del país centroamericano, como parte de una protesta generalizada para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras.
Las autoridades de protección vial en Guatemala confirmaron, de acuerdo con el recuento esta mañana, que son 39 las carreteras bloqueadas por manifestantes, incluyendo tramos que conducen a El Salvador y México.
La cifra de bloqueos es la más alta de la semana desde que el pasado lunes empezaron las protestas en contra de Porras, señalada por la población de querer interferir en el proceso electoral ganado en agosto por el candidato progresista Bernardo Arévalo de León.
Además de los tapones en las carreteras, los manifestantes también se han plantado frente a las sedes del Ministerio Público en varios poblados del país, incluyendo Ciudad de Guatemala.
La convocatoria para las protestas empezó el lunes por parte de la organización indígena 48 cantones del departamento (provincia) de Totonicapán (oeste), y a la misma se han sumado otras organizaciones sociales, incluyendo universidades y algunas gremiales.
«Si quieren culpar a alguien, somos 150.000 personas», advirtió uno de los líderes indígenas de la organización, Luis Pacheco, frente a la Fiscalía en Ciudad de Guatemala.
«El liderazgo es colectivo, no individual», añadió Pacheco en declaraciones frente a la multitud en las últimas horas.
La Fiscalía guatemalteca intervino, de forma inédita, en el proceso electoral local, con el decomiso el pasado sábado de actas de votaciones, allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y al Movimiento Semilla, partido del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
Pese a la presión social, que se ha acumulado en bloqueos durante los últimos cuatro días, Porras no se ha referido a su denuncia y el pasado martes la Fiscalía emitió un comunicado donde advertía que el platón frente a su sede pretende «bloquear» su labor investigativa.
A la protesta se han sumado diversas gremiales y también universidades privadas, que suspendieron sus clases este jueves y viernes para permitir que sus estudiantes se manifiesten.
Porras y la cúpula de la entidad, independiente a los tres organismos estatales, han sido sancionados en los últimos dos años por Estados Unidos con el retiro de su visa, bajo señalamientos de «socavar» la Justicia en el país centroamericano.
Arévalo de León acusó el pasado 1 de septiembre a Porras y la Fiscalía de llevar a cabo «un golpe de Estado» en su contra para evitar su investidura, programada para el próximo 14 de enero, después de ganar los comicios en agosto pasado.
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