Tras la masacre ocurrida el primer día del año en la ciudad de Cetinje, donde un hombre armado mató a 12 personas e hirió a cuatro, Montenegro ha endurecido las leyes de posesión de armas y busca decomisar todas las ilegales en circulación.
El gobierno, liderado por el primer ministro Milojko Spajic, anunció una serie de medidas drásticas: revisión de todos los permisos de armas existentes, sanciones severas por la posesión ilegal y un plazo de dos meses para que los ciudadanos entreguen armas no registradas sin afrontar castigos.
Además, se implementará una línea anónima para denunciar la posesión de armas ilegales, ofreciendo recompensas por la información.
Los permisos de armas ahora requerirán evaluaciones psicológicas y de seguridad más rigurosas, con un plazo hasta 2026 para cumplir con los nuevos estándares.
«Seremos inflexibles para que las personas que deseen tener armas pasen las evaluaciones más estrictas de Europa», advirtió el primer ministro.
Respeto a la vida
«La situación con respecto al armamento ilegal es aún peor, pero la campaña ‘Respeta la vida, devuelve el arma’ se extenderá por dos meses», agregó, recordando que quienes no entreguen sus armas no registradas afrontarán «castigos draconianos».
Estas medidas responden a la alarmante estadística de que entre el 85% y 95% de los delitos con armas en Montenegro se cometen con armas ilegales, un problema que tiene raíces en las guerras de desintegración de la antigua Yugoslavia en los 90, explica a EFE el criminólogo Sandi Dizdarevic.
Montenegro, que formó una unión estatal con Serbia hasta 2006 y fue parte de la antigua Yugoslavia, es una pequeña república de unos 600.000 habitantes a orillas del Adriático.
El tirador, que falleció después de dispararse en la cabeza cuando estaba rodeado por la policía, mató a 12 personas, incluidos dos menores, tras una disputa en un bar en la que mató a su propietario y a varios de sus familiares.
El autor de la masacre, un hombre de 45 años, ya había sido denunciado en el pasado por la posesión de armas ilegales. Los medios de Montenegro también señalaron que tenía problemas psicológicos.
La ONG suiza ‘Small Arms Survey’, en su informe titulado «Una casa no es un hogar sin un arma», estima que en Montenegro hay hasta 246.000 armas de fuego, de las cuales hasta 175.000 están en manos de civiles.
El estudio muestra a una sociedad con una percepción positiva sobre las armas: aunque muchos consideran que hay muchas en circulación, también se considera su posesión como legítima debido al alto índice de criminalidad y a la tradición de poseer alguna.
La protección personal y familiar es la principal razón citada en ese estudio por los ciudadanos para justificar la tenencia de armas.
Además de su uso defensivo, el informe destaca la cultura de los «disparos celebratorios». Este fenómeno, asociado a festividades y eventos sociales, refuerza la normalización del uso de armas en la vida cotidiana.
La masacre en Cetinje del 1 de enero es la segunda en esa ciudad en dos años y medio con armas de fuego. En agosto de 2022, otro vecino mató a 10 de sus conciudadanos, incluidos dos niños, antes de ser abatido por la policía.
La tragedia en Cetinje subraya la necesidad urgente de abordar la posesión de armas, según Dizdarevic.
Tras el final de la guerra, añadió, no se estableció un sistema para incautar armamento, lo que permitió que muchas personas conservaran armas de fuego en su poder.
Fines criminales
«La gente ha mantenido armamento en lugares ocultos por si acaso», explicó Dizdarevic.
Según el experto, algunos poseen armas porque les da una sensación subjetiva de seguridad, mientras que otros las tienen de forma ilegal con fines criminales.
Dizdarevic también subrayó que en muchos medios de Montenegro y de la región siguen predominando temas como la guerra y el nacionalismo, así como la protección de las identidades étnicas y religiosas, lo que genera inseguridad en muchas personas.
El experto también destaca la importancia de la salud mental, advirtiendo que la falta de atención adecuada a personas con traumas de guerra o problemas psicológicos puede derivar en desenlaces violentos.
«Si tenemos personas que salieron de la guerra o que tienen problemas psicológicos, y ninguno de los servicios estatales, como los servicios de salud mental, ha controlado ni supervisado su salud, entonces esas personas simplemente ‘explotan’. En esa situación, no podemos hablar de casos individuales, sino del inicio de una falla sistémica», concluyó Dizdarevic.
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