El Salvador.- La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada mayoritariamente por el presidente Nayib Bukele, ha consumado una controvertida reforma de la Ley de Carrera .- Judicial que jubilan de manera automática a un tercio de los 690 jueces del país y a decenas de fiscales. El principal argumento del presidente del Parlamento, Ernesto Castro, fue el de “no más jueces corruptos y justicia a la medida de grupos de poder”.
La disposición afecta a jueces que tienen más de 60 años de edad o que hayan cumplido 30 años de servicio. Entre los destituidos está Jorge Guzmán, el juez a cargo del caso El Mozote, una masacre en la que, al menos, 1.000 civiles fueron asesinados en 1980. En noviembre de 2020, Guzmán pidió a la Fiscalía determinar si Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales en varias unidades militares, incurriendo en supuestos “incumplimiento de deberes, desobediencia, ocultación de documentos y encubrimiento”.
El caso de Guzmán condensa lo que plantean los de Bukele. “Para aquellos que el régimen o cualquiera de sus funcionarios considere enemigos, ya no hay escape”, planteó en un editorial El Faro. “Cualquiera es ahora sujeto de persecución judicial, sin derecho al debido proceso; sin defensa posible. Ya no hay independencia judicial, ni garantías constitucionales ni recursos judiciales. Ya no hay Estado de derecho. Para los amigos del régimen, en cambio, ya no hay temor de que sus delitos sean castigados”.
Tras la aprobación por parte del Parlamento, los magistrados de Cámara, jueces de primera Instancia y jueces de paz rechazaron la reforma a la Ley de la Carrera Judicial y los debates previos a su aprobación “por ser ofensivos e indignos de la investidura judicial”.
La Cámara alega que el Parlamento no tiene la facultad de reformar la Ley de Carrera Judicial, por tanto lo obrado por los legisladores de la bancada oficialista de Nuevas Ideas (con la complicidad de los partidos Gana, PDC y PCN) resulta espurio. “Con estas reformas se vulnera la independencia judicial en el país, y se violan derechos constitucionales como el derecho al trabajo, la estabilidad laboral, igualdad, dignidad humana, debido proceso y seguridad jurídica”, plantearon en un comunicado.
El caso de Guzmán condensa lo que plantean los de Bukele. “Para aquellos que el régimen o cualquiera de sus funcionarios considere enemigos, ya no hay escape”, planteó. “Cualquiera es ahora sujeto de persecución judicial, sin derecho al debido proceso; sin defensa posible. Ya no hay independencia judicial, ni garantías constitucionales ni recursos judiciales. Ya no hay Estado de derecho. Para los amigos del régimen, en cambio, ya no hay temor de que sus delitos sean castigados”.
Tras la aprobación por parte del Parlamento, los magistrados de Cámara, jueces de primera Instancia y jueces de paz rechazaron la reforma a la Ley de la Carrera Judicial y los debates previos a su aprobación “por ser ofensivos e indignos de la investidura judicial”.
La Cámara alega que el Parlamento no tiene la facultad de reformar la Ley de Carrera Judicial, por tanto lo obrado por los legisladores de la bancada oficialista de Nuevas Ideas (con la complicidad de los partidos Gana, PDC y PCN) resulta espurio. “Con estas reformas se vulnera la independencia judicial en el país, y se violan derechos constitucionales como el derecho al trabajo, la estabilidad laboral, igualdad, dignidad humana, debido proceso y seguridad jurídica”, plantearon en un comunicado.
Con información de El País.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
