Aunque cifras de violencia crecieron en 2025, el representante de la ONU para Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, afirmó que el país transita un camino de paz desde el Acuerdo con las FARC (2016), pero debe evitar retrocesos mayores que revivan los peores años de conflicto.
«Hoy no estamos en la situación de derechos humanos preacuerdo. Hay mucho por mejorar, pero nuestro informe describe violaciones que indican riesgo de retroceso», expresó Campbell a EFE, presentando el reporte annual que busca prevenir un retorno al caos anterior a 2016 por aumentos en desplazamientos forzados y asesinatos de defensores.
El conflicto afectó agudamente Catatumbo (noreste), Magdalena Medio, Sierra Nevada de Santa Marta, y departamentos como Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. Grupos armados generaron desplazamientos, confinamientos, homicidios selectivos, privaciones de libertad, explosivos, violencia sexual y reclutamiento de indígenas/afrocolombianos.
La ONU recibió 87 alegaciones de masacres (53 verificadas, 16 revisadas, 18 no concluyentes), un 15% menos que en 2024 –dato positivo–, ejecutadas mayoritariamente por no estatales para control territorial, intimidación social y rutas ilícitas. Sin embargo, desplazamientos crecieron 85% (89.013 en Catatumbo por ELN vs. Frente 33 FARC desde enero 2025); confinamientos subieron 12% en Chocó, Cauca y Bolívar por paros armados que restringen economías básicas de indígenas y afrodescendientes.
Erosión del liderazgo social
Se reportaron 207 alegaciones de homicidios de defensores (99 confirmados, 39 sin nexo causal claro, 69 no concluyentes), un 11% más que 2024. «Problema estructural profundo, no fácil de resolver», admitió Campbell, reconociendo avances del Gobierno Petro en garantías, pero criticando falta de implementación en desmantelamiento del control armado.
«Tienen control sobre sociedad y territorio, generando tasas inaceptables de homicidios de defensores», enfatizó. La protección es obligación estatal por Derecho Internacional Humanitario (DIH); instó al Ejecutivo –que culmina el 7 de agosto– a acciones concretas para ejecutar políticas pendientes y evitar erosión mayor del liderazgo comunitario.
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