La asesora especial de la ONU para la Prevención del Genocidio, Alice Wairimu Nderitu, señaló este viernes que las políticas impulsadas por el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro ayudaron a intensificar la «precariedad» de las comunidades indígenas y afrodescendientes en Brasil.
La alta funcionaria de la ONU realizó una visita de once días a Brasil en la que conoció de primera mano la situación de comunidades indígenas y «quilombolas», como se conocen a los descendientes de esclavos prófugos.
Según la experta, aunque las violaciones a los derechos humanos de estas minorías se intensificaron en los últimos años, se trata de problemas «estructurales» que se vienen dando en el país «desde hace muchos años».
«No estoy diciendo que no debería ser investigado (lo que ocurrió en los últimos años), pero debo decir que hay problemas estructurales muy anteriores a eso», señaló en una rueda de prensa virtual.
Yo sé que en el último Gobierno algunas políticas llevaron a que la situación de las poblaciones más vulnerables quedara aún más precaria, pero no vamos a perder la perspectiva estructural», enfatizó.
Durante su visita, la que también es subsecretaria general de ese organismo multilateral viajó hasta Roraima, estado fronterizo con Venezuela, para reunirse con líderes de la comunidad indígena yanomami, y pudo verificar la grave crisis humanitaria que vive esa población.
«Fui testigo de la ejecución de la población yanomami, que pasó por varias violaciones durante décadas», dijo.
«Los yanomami deberían ser protegidos inmediatamente», enfatizó.
La experta, asimismo, conoció la situación que vive la comunidad guaraní-kaiowá, en Mato Grosso do Sul, donde han perdido sus territorios y son víctimas continuas de violencia y ejecuciones por la expansión de tierras de hacendados.
«Quedé chocada con la extrema pobreza de esta población. Es uno de los casos más emblemáticos en relación a daños», aseguró a la prensa.
Además de las comunidades indígenas, la alta funcionaria de la ONU se reunió con líderes afrodescendientes en Mato Grosso do Sul y en Río de Janeiro.
En Río, visitó la favela de Jacarezinho, donde una operación policial, que tuvo lugar dos años atrás, dejó 28 muertos, en su mayoría afrodescendientes, muchos de los cuales no tenían antecedentes penales.
La experta también subrayó que existe un «racismo estructural» en el país, y que son necesarias políticas públicas y capacitación para enfrentarlos.
«Debemos intentar al máximo proteger a las comunidades indígenas, afrodescendientes y minoritarias en Brasil», demandó.
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