Más allá de la tensión política generada por los resultados de la elección presidencial del pasado 28 de julio, la vida sigue, y tendrá que haber un desenlace.
Roberto Orta, presidente de Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) analiza cómo queda el sector inmobiliario ante esta coyuntura política, e, incluso, más allá de ella.
Orta dice que en el segundo trimestre del año “hubo una disminución en las operaciones”. Explica que fue una disminución importante, que calibra como “natural” por las expectativas que generaba el 28J, indicó en conversación con Banca y Negocios.
“En estas circunstancias los ‘players’ por lo general aguantan las decisiones de negocios”, va colocando ladrillo sobre ladrillo, en su declaración. Dice que todo el mundo espera el resultado de cualquier elección antes de tomar decisiones de negocios.
Y va al centro de la Diana: “en este caso, por la situación que se ha presentado, esa expectativa se extiende. En mi criterio, seis meses más. Hasta enero de 2025, que es cuando termina el período constitucional del Ejecutivo”, delinea con claridad los linderos.
Orta comenta que dos meses antes de las elecciones la CIV mantuvo algunas conversaciones con el gobierno, específicamente con el Ministerio de Finanzas sobre aspectos críticos para el mercado, pero luego de las elecciones no ha habido contacto alguno.
Locales comerciales y apartamentos
El dirigente gremial, pasa la página, y va –como quien dice- en una actitud de “zapatero a sus zapatos”: relata que los segmentos que se están moviendo más son el alquiler de locales comerciales, y la venta de apartamentos de clase media en sectores populares.
Apartamentos –va al detalle- que estén en un rango de costo de 50.000 dólares o menos.
Sobre los precios refiere que el impacto del 28J se conocerá con alguna claridad hacia fines del tercer trimestre. “Pareciera que esto se alarga seis meses más, y eso podría disminuir los precios”.
Sobre el mercado de casas y quintas “ha estado bastante lento desde hace varios años, en cierta medida por la diáspora”.
En el caso de las quintas, avanza, dice que la mayoría fueron construidas en los 70 y 80 del siglo pasado. “La gente prefiere más apartamentos que quintas. Hay varios puntos en contra, como los altos costos del mantenimiento”, declara el portavoz.
A juicio del presidente de la Cámara Inmobiliaria, el país necesita un viraje importante en la conducción de la economía, más allá de los signos de recuperación. Muy pocas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional están dirigidas a incentivar la actividad privada, luego existe la falta de crédito, entre otros puntos.
Orta dice que han pedido la reforma de tres leyes, sin mucho éxito: la Ley de Arrendamiento de Viviendas; la Ley del Deudor Hipotecario; y la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, las cuales ya suponen trabas históricas para el desarrollo del mercado inmobiliario.
Los inmuebles expoliados
Un tema que subyace en el sector inmobiliario es el respeto al derecho a la propiedad.
El caso de Sambil La Candelaria es un pequeño –pero quizá significativo- signo de que no todo está tan mal. “Es positivo que se haya restituido a sus propietarios, después de tantos años intervenido por el Estado. Es algo muy positivo la gran cantidad de locales comerciales, empleo y mercancía para la gente”, celebra el experto.
Sazona diciendo que del mismo modo hay otros inmuebles que han sido expoliados y que debían ser devueltos a sus legítimos propietarios.
Orta dice que las diferencias entre Caracas y la provincia son importantes: Valencia, Lechería, San Cristóbal, Maracaibo y Maracay son las zonas que más se mueven en el negocio inmobiliario. “Pero hay muchos problemas con el combustible y la energía eléctrica”, denuncia.
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