Muertes extrajudiciales siguen pasando al Sur del estado Bolívar ante la mirada indolente del Ministerio Público, denunció el abogado en derecho penal José Gregorio Beria, también defensor de los Derechos Humanos.
Durante el mes de enero, se han producido seis muertes en supuestos enfrentamientos con militares en sitios mineros de El Perú, municipio El callao, uno de los sucesos ocurrió el 16 y el segundo el día 23, las cuales supuestamente no han sido reportadas al Ministerio Público.
“José Gregorio Alfonzo era uno de los que murió en manos de efectivos del sector La Gallera, junto a otras dos personas más. Mineros los tres, a estas muertes extrajudiciales se suma una tercera que aconteció el año pasado en La Fábrica”, apuntó el entrevistado.
Indolencia y complicidad
El abogado, dice que existe una política de exterminio al Sur del estado Bolívar, cuya violación de los derechos humanos ocurre ante la mirada complaciente del gobernador Ángel Marcano, diputados del Consejo Legislativo del estado Bolívar, fiscal superior y generales Domingo Antonio Hernández y Alfredo Román Parra”.
Denuncia que la Operación Roraima y otros operativos dirigidos por militares “son una fachada para cometer atrocidades, robar a los mineros y violar a las mujeres”.
Recordó la detención de 10 personas, 5 venezolanos, 4 brasileros y un guyanés en Imataca, en donde, incautaron maquinas, supuestamente robaron oro, torturaron y violaron a una fémina.
“Las víctimas están privadas de libertad en el comando de San Luis en El Callao, en la audiencia de imputación la venezolana denunció que fue violada por militares y aún sigue presa”.
El abogado dice que los responsables deben ser procesados por violencia sexual, trato cruel y violación a pactos y convenios internacionales.
Otras denuncias
José Gregorio indicó que hace cuatro meses denunció a los rurales y funcionarios de la Dgcim por ejecución extrajudicial de Freddy Junior Mediano Vargas y Cruz Romero.
A pesar que los medios de comunicación publicaron una foto en vida de Mediano Vargas, esposado a un container y luego muere en supuesto enfrentamiento junto a Freddy Junior, aún no hay detenidos por este caso.
En esa oportunidad testigos indicaron que a ambos se los llevaron con vida del sector La Fábrica y después son asesinados vilmente.
Luego de cuatro meses fiscalía de los Derechos Fundamentales no dice nada, a pesar de las declaraciones de testigos e imagen fotográfica que daba fe que uno de los muertos fue capturado con vida y después ejecutado.
El abogado, advirtió que esta política de exterminio y violación de los derechos humanos, será denunciada ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Dice que alguien tiene que responder por estas muertes, persecución y acoso perpetrado por militares en la zona Sur del estado Bolívar, “situación que genera miedo y desplazamiento de los pequeños mineros; además, hambruna por falta de empleos”.
“Operación Roraima”
Resaltó que la “Operación Roraima”, es un plan para obligar a los mineros a salir de los pequeños yacimientos, “robarlos”, realizar detenciones arbitrarias y no para perseguir a supuestos grupos armados que operan en las minas”.
Hizo responsable a miembros de los comandos del sector San Luis y de La Gallera por las últimas seis muertes que ocurrieron en el municipio El Callao.
Solicitó al fiscal general de la República, Terek William Saab que se pronuncie al respecto y evite que militares sigan cometiendo atrocidades en sitios mineros del estado Bolívar.
Considera que el fiscal general debería designar un fiscal con competencia nacional para que investigue al comandante Saavedra de los puestos en cuestión, “el Estado debe responder por los delitos de lesa humanidad e indemnizar a las víctimas de estos sucesos”.
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