La alarma de una posible guerra entre Estados Unidos y Venezuela se intensifica tras 50 días de bombardeos estadounidenses en el Caribe, que han dejado al menos 32 muertos, dos sobrevivientes y siete embarcaciones destruidas. Esta ofensiva militar, justificada por la Administración Trump como parte de la lucha contra el narcotráfico, ha sido acompañada de un aumento en el despliegue de buques de guerra, submarinos nucleares, aviones F-35 y helicópteros de operaciones especiales en la región.
El congresista Carlos Giménez, del Comité de las Fuerzas Armadas, difundió información sobre esta escalada en coordinación con medios internacionales como el Financial Times y el The Washington Post, que documentaron vuelos de helicópteros de ataque a menos de 145 kilómetros de la costa venezolana, cerca de plataformas petroleras estratégicas.
Mientras tanto, el Senado estadounidense vive un esfuerzo bipartidista para limitar y supervisar estos bombardeos, con senadores como Tim Kaine, Adam Schiff y Rand Paul denunciando la falta de evidencia sobre la presencia de fentanilo producido en Venezuela y la legalidad de los ataques.
El presidente Trump ha justificado los operativos alegando que han salvado miles de vidas estadounidenses al destruir embarcaciones relacionadas con el narcotráfico, aunque sus afirmaciones han generado rechazo y manifestaciones masivas en Estados Unidos y América Latina.
Las tensiones diplomáticas se acentúan en la región, con la ONU y gobiernos locales pidiendo mayor transparencia y respeto a la soberanía, mientras el despliegue militar estadounidense continúa, en medio de dudas sobre la legalidad y las consecuencias sociales y políticas de esta estrategia.
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