Ciudad Guayana.-Las Naciones Unidas (ONU) publicó el tercer informe de la Misión Internacional (independiente) de Determinación de los Hechos sobre Venezuela destacó el descubrimiento de los indicios de trata y explotación sexual infantil en la zona sur del estado Bolívar.
En el mencionado documento, existe un capítulo que habla sobre las violaciones de derechos humanos que suceden en el Arco Minero y las consecuencias de la minería ilegal. Una de las violaciones, es la proliferación de la prostitución de niñas y adolescentes.
De las fuentes consultadas, según reseñó el diario «Efecto Cocuyo», se encuentra el testimonio de un trabajador de minas del municipio Sifontes, que afirmó la presencia de trabajadores sexuales en las minas, incluyendo niñas de 12 años en adelante.
Otra de las declaraciones, las dio una mujer que estuvo en Las Claritas, quien manifestó que en la mina había una mandamás llamada «La Vieja», que obligaba a niñas de 11 y 13 años a entregarse a los mineros.
Anteriormente, el Centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP) realizó una investigación en el sector Vista al Sol de San Félix, donde documentaron que varias menores se dirigen a las minas con el conocimiento de que serán usadas para actos sexuales.
También reveló que las familias ven esto como «normal» y lo apoyan, ya que, es como un escape económico.
Participación de oficiales
En el informe, la ONU añadió que el tema requiere una investigación más profunda sobre el modus operandi que usan las redes de trata de menores en el estado.
Además, se reportó la supuesta participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en actos de violencia sexual.
En un caso reseñado en el año 2018, se recogió la posible implicación del abuso de poder por parte de las fuerzas públicas.
“En julio de 2018, en la alcabala Casa Blanca, ubicada en la intersección entre la Troncal 10 y la carretera hacia San Martín de Turumbán, al norte del municipio de Gran Sabana, un testigo vio que un militar detuvo a una adolescente de no más de 15 años, le revisó el monedero y le hizo avances sexuales. El oficial rehusó devolverle su cédula hasta que la niña no le diera su número de teléfono”, explicó el informe.
Por su parte, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) investigó casos en los que las fuerzas de seguridad se negaron a devolver la documentación a mujeres y niñas, impidiéndoles continuar su camino, si no accedían a realizar actos sexuales.
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