El expresidente peruano Pedro Castillo fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, tras su intento fallido de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022. La sentencia fue dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú, que determinó que Castillo actuó con la intención de disolver el Congreso y gobernar por decreto, violando la Constitución.
Además de la pena privativa de libertad, la Corte impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una millonaria reparación civil. La exjefa de gabinete, Betssy Chávez, asilada en la Embajada de México, también fue condenada por su participación en la conspiración.
El tribunal calificó la actitud de Castillo como un acto deliberado de rebelión, reflejado en su anuncio de disolver el Parlamento y establecer un gobierno de excepción. Pese a la gravedad de sus acciones, la condena contó con dos votos a favor y uno en contra.
Contexto político y antecedentes regionales
Pedro Castillo se suma a una larga lista de exgobernantes latinoamericanos condenados o procesados penalmente. En Brasil, Jair Bolsonaro enfrenta 27 años de cárcel por conspiración golpista; en Perú, otros expresidentes como Alberto Fujimori y Alejandro Toledo cumplen penas por corrupción y graves delitos. El fenómeno refleja una problemática común en la región, donde la justicia transita complejos escenarios políticos.
En los últimos años, juicios contra expresidentes en países como Argentina, Chile, Bolivia, Honduras y Colombia evidencian el aumento de la rendición de cuentas penal en América Latina, aunque no sin polémicas y desafíos legales.
Este fallo marca un precedente en la política peruana y refuerza el compromiso judicial contra la impunidad.
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