Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) decidieron este lunes prolongar un año, hasta el 10 de enero de 2027, las sanciones relacionadas con la crisis en Venezuela, durante una reunión en Bruselas.
La medida responde a «las persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho, las continuas violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, incluyendo los eventos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024», explicó el Consejo de la UE.
Actualmente, las sanciones afectan a 69 individuos: congelación de activos, prohibición de fondos o recursos económicos, y veto de viaje al territorio europeo. Incluyen un embargo de armas y equipamiento para represión interna, vigente desde noviembre de 2017.
El objetivo es «apoyar una solución negociada y democrática para la crisis en Venezuela», precisa el Consejo. «La UE no ha adoptado medidas que dañen a la población o la economía venezolana; la responsabilidad recae en sus autoridades».
El levantamiento de sanciones dependerá de «progreso tangible en derechos humanos y Estado de Derecho, junto con pasos significativos hacia un diálogo genuino y una transición democrática».
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